Policías y guardias civiles que trabajan en la frontera denuncian que lo hacen en condiciones "precarias": con falta de personal, de medios técnicos, sometidos a una fuerte presión, sin unas pautas claras de los procedimientos a seguir y en unas instalaciones obsoletas. La situación lleva a numerosos agentes a solicitar bajas médicas.

Situación similar vive la Guardia Civil. Un miércoles cualquiera, con miles de porteadoras pasando por el Tarajal II, solo se ve a un agente a lo largo del paso. Un alto volumen de personas a controlar con escasos efectivos y la opacidad de muchos de los fardos que trasportan los porteadores hacen de esta frontera una enorme brecha en materia de seguridad, según reconoce un miembro del instituto armado, una situación aún más compleja con un nivel de alerta 4 activado por cuestiones de terrorismo. La misma fuente cuenta que han llegado a encontrar algún arma al inspeccionar los bultos.

Estas fuerzas de seguridad del Estado también han mantenido enfrentamientos con algunas ONG, que han lanzado contra ellos acusaciones de trato vejatorio y acoso sexual hacia las porteadoras. Así lo recogía la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en un informe realizado en 2016 y que, ante la amenaza de emprender acciones judiciales por parte de los sindicatos de Policía y las asociaciones de guardias civiles, puntualizó que el documento se hacía eco de denuncias realizadas directamente por estas mujeres. Desde la Asociación Española de la Guardia Civil afirmaron “estar totalmente de acuerdo en que el trato que reciben estas mujeres es inhumano”, pero aseguraron que las responsables de la vulneración de sus derechos humanos son las mafias que las explotan.